“Según donde nazca un niño con necesidades de atención temprana, va a tener unas respuestas y tenemos un problema fuerte de asimetría social que, aunque solo sea por la igualdad en los derechos de los ciudadanos, hay que atender mejor” (Agustín Matía, presidente del Grupo de Trabajo de Atención Temprana del CERMI)

Según información del CERMI, menos del 15% de la infancia con necesidades de apoyo de atención temprana recibe estos servicios en nuestro país, lo que supone una respuesta insuficiente y deficitaria.

La realidad de la atención temprana en España es la de una irregular, escasa y desigual implantación y su consecuencia inmediata es la de una discriminación evidente e intolerable y un obstáculo insalvable para la salud y calidad de vida de miles de menores desatendidos. Y nos unimos a esa denuncia del CERMI.

Pero resulta que, además, en España tampoco hay un criterio coherente entre las distintas comunidades respecto al procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, donde el reconocimiento de al menos un 33% de discapacidad es la puerta de acceso a las ayudas públicas.

Con argumentos como éstos que os transcribimos a continuación (y que os sonarán a todas las familias de #hemihéroes) otras asociaciones han conseguido el reconocimiento de un grado mínimo (“automático”) del 33% de discapacidad a partir del diagnóstico de determinadas enfermedades, que tiene como objetivo poner lo más rápidamente posible en marcha los procedimientos de coordinación necesarios en materia de servicios sociales y sanitarios que permitan la aplicación inmediata de la medida en todo el territorio español.

“Es más que una enfermedad, también es un problema social por el impacto socio-sanitario que tiene sobre los pacientes, las familias y la sociedad en su conjunto”

“además del sufrimiento físico y afectivo que supone, las familias deben hacer ajustes complicados en sus vidas tratando de compaginar la dedicación al paciente, el cuidado del resto de los hijos, la vida laboral e, inevitablemente, el incremento de gastos que se conlleva”.

“Tener un menor enfermo requiere mucho tiempo y son muchos los progenitores que desde el minuto cero abandonan su trabajo, por la gravedad de la situación, sin saber que pueden contar con una prestación que les ayudará mucho.”

¿Para cuando ese mismo reconocimiento ante el daño cerebral infantil?

Es incomprensible que no se reconozca al menos ese 33% en caso de cualquier lesión cerebral, sea congénita o adquirida, porque son muchos los apoyos y ayudas que necesitan las familias en esa situación, que no solo es intolerable, sino que además manteniendo esa falta de atención los poderes públicos infringen a diario y palmariamente derechos constitucionales de los niños con discapacidad previstos en los arts. 39 (Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos), 43 (Derecho a la protección de la salud; compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios) y 49 (política de previsión, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad, con atención especializada y a los que se debe amparar especialmente para el disfrute de los derechos ciudadanos).

Todo ello revela, como denuncia el propio CERMI respecto a la Atención Temprana, una falta de voluntad política que no tiene ningún sentido porque el apoyo a la infancia y el reconocimiento de sus derechos no es cuestión de ideología o de quien gobierne (ahí debemos estar todos) e incluso hay argumentos económicos sobre la rentabilidad a largo plazo de convertir la Atención Temprana en un servicio de excelencia, según el estudio que cita el propio CERMI.

¿Para cuando? Únete, denuncia, difunde, los derechos de los niños y niñas con discapacidad están en tus manos también.